21.04.08. La polémica que ha surgido por el problema de los trasvases de agua de una cuenca hidrográfica a otra es una prueba de la insolidaridad que existe entre las regiones de España. Esta insolidaridad es consecuencia de la labor disolvente de los gobiernos constitucionales, que se ha plasmado en determinados estatutos de autonomía.
La Comunión Tradicionalista Carlista sostiene que llevar agua de un punto en que no se aprovecha a otro donde hace falta es algo conveniente. La oportunidad de un trasvase debe ser decidida por un estudio técnico-económico en que se consideren:
a) Si la toma perjudica a quienes ahora se benefician del agua.
b) Si perjudica a otro proyecto existente y factible a corto plazo.
c) Si la captación se justifica por las necesidades de agua para consumo doméstico.
d) Si los beneficios que se prevén, justifican el coste de las obras de captación, impulsión y conducción, así como el de la energía necesaria para el transporte.
Por motivos económicos, que afectan al bien común, pensamos que en tales condiciones deben realizarse los trasvases.
Pretender que la desalinización de agua de mar puede, en todo caso, ser más conveniente que los trasvases, como lo hace el Gobierno actual, es algo cuando menos dudoso.
En ocasiones, la realización de los trasvases responde al deber de solidaridad entre todos los españoles. España es una y los problemas que afectan a todos los españoles hemos de resolverlos entre todos. Por eso declaramos inadmisibles los estatutos de autonomía que en su articulado han establecido cláusulas que rompen esa solidaridad.
 

Permanente de la Junta de Gobierno de la CTC
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