23/2/16 Un sistema corrupto
martes 23 de febrero de 2016
España ha llegado a unas cotas de corrupción totalmente insostenibles. Todos los partidos políticos del arco parlamentario han estado salpicados en mayor o menor medida por casos de corrupción, tratándose en muchos casos de una corrupción orquestada desde el mismo organigrama de los partidos políticos.
Desde la Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista creemos que son varios los factores que alientan esta corrupción generalizada. Apuntamos a los tres más destacados:
En primer lugar, el relativismo moral del sistema, que ha minado los resortes éticos y morales de nuestra sociedad y no sólo en lo que se refiere al séptimo mandamiento (no robar). En este sentido esta Junta de Gobierno hace suyas las declaraciones que varios prelados han realizado acerca de la quiebra moral como causante de la corrupción generalizada que sufre la sociedad española.
En segundo lugar, el monopolio de los partidos políticos como cauce de la representación política. No es asumible que los representantes en las sedes parlamentarias sean políticos profesionales que desconocen la problemática y las necesidades de la sociedad. De esta profesionalización de la vida política deriva que personas que no tienen otro oficio caigan en prácticas corruptas para enriquecerse.
En tercer lugar, los actuales medios para combatir la corrupción, que se han demostrado como totalmente ineficaces para eliminarla. Como ya manifestó esta Junta de Gobierno en su Nota de Prensa de 3 de diciembre de 2014, el principal remedio que nos lega la tradición política española es la institución del ‘Juicio de residencia’, para que los políticos rindan cuentas ante sus electores cuando concluya el tiempo de desempeño de su cargo y sean auditados por un juez de residencia por el ejercicio de su función.
La Junta de Gobierno de la CTC anima a los españoles a reflexionar acerca de las perversidades de este sistema corrupto y corruptor de la sociedad y de los postulados de la tradición política española.
Madrid, a 23 de febrero de 2016