¡Imprime esta sección!

27.01.2007. A mediados de enero informa la prensa de Bilbao que en el instituto de Valmaseda, el consejo escolar de secundaria ha aprobado “una normativa para evitar que las prendas excesivamente provocativas afecten al desarrollo de las clases”.

Según la noticia, la normativa no se ha propuesta para coartar la libertad de los alumnos, sino más bien con el objetivo de que las prendas excesivamente provocativas no alteren el normal funcionamiento de las clases.

Relata cómo en la primavera pasada una chica se negó a salir a la pizarra por pudor, dado que llevaba una minifalda muy corta.

El reglamento fue aprobado a final del pasado curso por el consejo escolar del que forman parte profesores, padres, alumnos y directivos del centro educativo, además de un representante del ayuntamiento.

La normativa entró en vigor con el nuevo curso y ha sido ratificada con los votos del consejo escolar este mismo mes.

Al día siguiente el mismo diario informa que “la Inspección estudia si es legal la decisión del instituto de Valmaseda.

“La pregunta se la hizo ayer el propio Departamento de Educación. Los responsables de la Consejería encomendaros a un inspector de Educación con formación jurídica para que determine si regular la forma de vestir de los alumnos en los centros se ajusta a la legalidad”.

Este episodio tan vulgar es un reflejo de las trabas con que la administración (el Estado) dificulta la buena marcha de la sociedad.

Las personas afectadas por la marcha del instituto han detectado un problema y lo han resuelto. Entonces llega la administración y se pregunta si quienes han resuelto el problema están facultados para ello. Hasta ahora no sabían que existía. Se han enterado cuando ya está resuelto. Y en vez de fijarse si el resultado ha sido satisfactorio o no, se fijan en si en el centro se han arrogado unas facultades que les corresponden a ellos.

Los carlistas pensamos que quienes han resuelto el problema han actuado correctamente. Con libertad y responsabilidad, que es como se hacen las cosas. Así es como surgen las normas que si son adecuadas perduran y se convierten en costumbres. En ciertos casos llegan a ser leyes. Así surgieron los fueros.

El liberalismo piensa lo contrario. No admite más norma que la ley. La ley la promulga el legislador. No como “ordenación de la razón encaminada al bien común” sino como aplicación de una ideología apriorística. El liberalismo no admite que puede haber vacíos legales, y que las personas obligadas salgan del paso como les dicte el sentido común. Ante el vacío legal, el liberal suspende su actuación aunque ello suponga que el malhechor quede impune.

Y esa es la diferencia fundamental entre los Fueros que los carlistas queremos ver revividos y los Estatutos liberales que nos han impuesto, basados en unos “derechos históricos” que nunca han existido.

Los Fueros suponen libertad con responsabilidad. Lo que un nacionalista con talento (excluido por ello del PNV) definió con la palabra vasca de “burujabetza”. Los estatutos suponen imposición; opresión que lo mismo da venga de un Gobierno central, de uno autonómico o de una diputación.