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28.01.09. El asunto es muy grave. La Comunión Tradicionalista Carlista de Navarra ha tenido conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo del 27-I-2009, según la cual los españoles no tienen derecho a la objeción de conciencia, y las normas reguladoras de la asignatura “Educación para la Ciudadanía” (EpC) no vulneran el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos o tutelados. La sentencia del Tribunal Supremo ha producido una gran extrañeza en el movimiento objetor, ha decepcionado, y ha conmovido a la sociedad más responsable que lleva años lidiando los gravísimos problemas originados por el actual Gobierno en relación con las libertades más básicas de los padres, los hijos y los Centros educativos.

Si en junio de 2007 y en otras ocasiones posteriores, la Comunión Tradicionalista Carlista e Navarra reconoció la validez y estimuló con entusiasmo dicha objeción de conciencia ante la EpC , la actual Sentencia del Tribunal Supremo confirma las fundadas sospechas que la CTC mantiene sobre la inconsistencia del poder judicial en España por carecer de la independencia política imprescindible que el sistema democrático prescribe. Con más motivos todavía, anima, a los padres y tutores que han objetado, a mantener e incrementar la objeción de conciencia a los Reales Decretos de EpC. Cada vez se hace más evidente que lo que está amenazado y conculcado son las libertades personales y sociales frente a la omnipotencia del Estado. Las leyes nacionales e internacionales parecen defender nuestros derechos. Pero habrá que continuar reclamando justicia en las más altas instancias. En el último extremo se verá con total claridad que la Ley de Dios está por encima de la de los hombres.

Ante esta sentencia judicial contraria a los intereses más sagrados de los objetores -padres y tutores, alumnos, profesores y Centros educativos-, y en el máximo ejercicio de nuestra responsabilidad, animamos a los navarros a mantener e incrementar la objeción de conciencia y a trabajar con redoblado ánimo para agotar -en principio- todas las vías legales. Les asiste la razón y la justicia, fundados en el derecho positivo pero sobre todo en el derecho natural, el derecho divino, el sentido común y en la equidad más elemental. Sí; hay principios irrenunciables y no negociables como son las legítimas libertades frente al actual estatismo, que parece reeditar un nuevo y solapado Fascismo ya pretérito al igual que otros movimientos totalitarios del s. XX.

No es nuestro propósito juzgar a los componentes de Tribunal Supremo, a quienes respetamos como personas y en el ejercicio de su más altas atribuciones, pues sobre ellos están los principios generales del Derecho y, sobre todo, el Juez Divino, quien les exige el cumplimiento del derecho natural o de los preceptos naturales en el acto de sus juicios.

Consideramos que si falta Dios como fundamento del derecho positivo, y si no hay una referencia superior y extrínseca a la voluntad del legislador, todo está sobre arenas movedizas y queda sujeto a interpretaciones incluso caprichosas. A ello se añade que la tentación de fortalecer el Ejecutivo, controlado por el partido dominante, ante el Parlamento y los Tribunales, es hoy muy fuerte. Por otra parte, si en España se vulnera el derecho a la vida del concebido y todavía no nacido, y tantísimos otros derechos fundamentales, ¿por qué se iba a respetar el derecho de los padres a la objeción de conciencia?.

Llama la atención que, permitiéndose a otros las mayores aberraciones, incluso reinterpretando a su manera y con “manga ancha” los artículos constitucionales, a los padres y tutores –a más de 50.000 objetores-, a los alumnos, profesores y Centros Educativos, ni siquiera se les permita la objeción de conciencia –que reconocemos no ser absoluta- en algo que consideran irrenunciable y uno de los fundamentos de todos los ámbitos de su ser.

No hay disposición humana legítima que obligue a los padres a entregar a sus hijos o tutelados al Estado, o a otros hombres, para que puedan corromperles según su recta conciencia. Estamos seguros que los padres sabrán hacer frente a este escalofriante abuso de poder. Y que lo harán con entereza, sabiendo que la unión hace la fuerza, que si hoy es por tí mañana será por mí, y que si en las instituciones públicas no encuentran apoyo ni consuelo, sí pueden encontrarlo en la misma sociedad. Va a llegar un momento en que cualquier dejación o pereza en este ámbito hará que tarde o temprano se nos caiga la cara de vergüenza.

Además no hay que tener miedo. Si la cobardía natural, la tibieza o la comodidad agrandan las dificultades fruto de la imaginación, ni el estudiante perderá la matrícula escolar, ni verá básicamente perjudicados sus estudios, ni será alejado de su familia. Además, el fracaso escolar está en otro lugar, y es precisamente la EpC el instrumento apropiado para poder agrandarlo. Lo que este Estado pretotalitario sí arrebata con la EpC es la patria potestad de los padres y las mismas conciencias de padres e hijos, profesores y Centros educativos –con Ideario o sin él-, arrebata los derechos docentes de la Iglesia y de los cristianos, así como la inteligencia, la libertad y la felicidad de nuestros hijos.

Por estas y otras razones, animamos a todos los objetores, alumnos y Centros educativos, a defender, con gallardía y generosidad, pase lo que pase y sean cuales sean las medidas represivas que adopten el Ministerio y las Consejerías de Educación, el derecho primario e irrenunciable de los padres a la educación de sus hijos, los derechos de los alumnos y de los profesores, y a que el Estado no les suplante tanto en los Centros educativos de iniciativa social como en los regidos por la administración pública.

Junta Carlista de Navarra (CTC)

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